Notas críticas sobre políticas de comunicación y regulaciones en el capitalismo de plataformas en América Latina

Critical notes on communication policies and regulations in platform capitalism in Latin America

 

Aimé Aminahuel

Correspondencia: aime.aminahuel@unvm.edu.ar

https://orcid.org/0000-0001-5504-5175

Universidad Nacional de Río Cuarto,

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Villa María, Argentina

 

Malvina Rodriguez

merodriguez@unvm.edu.ar

https://orcid.org/0000-0003-4165-4847

Universidad Nacional de Villa María, Argentina

 

DOI: https://doi.org/10.24265/cian.2024.n19.04

 

Recibido: 09/04/2024

Aceptado: 29/04/2024

 

Para citar este artículo:

Aminahuel, A., & Rodríguez, M. (2024). Notas críticas sobre políticas de comunicación y regulaciones en el capitalismo de plataformas en América Latina. Correspondencias & Análisis, (19), 92-117. https://doi.org/10.24265/cian.2024.n19.04

 

Resumen

El debate sobre políticas públicas y regulaciones para las plataformas digitales constituye una temática de urgente actualidad para las ciencias de la comunicación. Este artículo tiene como objetivo el abordaje teórico-analítico de dimensiones emergentes en la investigación sobre políticas de comunicación en el capitalismo de plataformas en América Latina. El trabajo, inscrito en un enfoque crítico de la economía política de la comunicación, ofrece un estado del arte e incluye una sistematización bibliográfica de los principales debates sobre Estado, big tech y políticas públicas. Las reflexiones desde las nociones de capitalismo cognitivo y capitalismo de plataformas permitieron confrontar los enfoques teóricos instrumentales que caracterizan el estudio de los intermediarios de internet. Asimismo, se esbozaron consideraciones orientadas a problematizar los dilemas que plantean las propuestas de regulaciones a partir de una revisión de iniciativas estatales y sentencias judiciales en América Latina. La discusión final aborda los desafíos y las tensiones para la investigación en políticas de comunicación sobre plataformas digitales en América Latina, entre los cuales destaca la necesidad de construir un mapa de conceptos y actores para el análisis de casos en el campo de la política, la legislación y la economía de la comunicación.

Palabras clave: economía de la comunicación, legislación, plataformas digitales

 

Abstract

The debate on public policies and regulations for digital platforms constitutes an urgent topic for communication sciences. This article aims to provide a theoretical- analytical approach to emerging dimensions in research on communication policies in platform capitalism in Latin America. The work is part of a critical approach to the political economy of communication, offers state-of-the-art information, and includes a bibliographic systematisation of the primary debates on the state, big tech, and public policies. Reflections from the notions of cognitive capitalism and platform capitalism allow us to confront the instrumental theoretical approaches that characterise the study of internet intermediaries. Likewise, the paper problematises the dilemmas posed by regulatory proposals based on a review of state initiatives and judicial decisions in Latin America. The final discussion addresses the challenges and tensions for research on communication policies on digital platforms in Latin America, such as the need to build a map of concepts and actors to analyse cases in politics, legislation and economics of communication.

Keywords: economics of communication, legislation, digital platforms

 

Introducción

En los últimos años, en Argentina y en América Latina se han desarrollado numerosas investigaciones que abordan las problemáticas contemporáneas de la comunicación asociadas al predominio de las plataformas socio digitales y las lógicas que estas instituyen a través de su arquitectura digital en los debates públicos. En sintonía, en la última década hemos trabajado en numerosos proyectos de investigación que tratan la sociodigitalización como fenómeno que transversaliza todos los procesos comunicacionales1. Ello implica, de acuerdo con los estudios, que la realidad se construye a partir de discursos privados en redes sociales y en relación con la participación en el espacio público de los actores sociales (Rodríguez, 2020).

Desde la obra de Castells (2012), sabemos que el estudio de la comunicación digital, de la sociedad red y del desarrollo tecnológico remite a la relación entre comunicación, política y poder. La era de la información, observada por Castells (1999), dio paso a un nuevo orden que para algunos autores implica una nueva edad geológica: el Antropoceno (Crutzen, 2000, como se citó en Costa, 2022), el Capitaloceno (Moore, 2016; Svampa, 2019, como se citó en Costa 2022) o el Tecnoceno (Costa, 2022). Con estas denominaciones se hace referencia a la influencia sensible del ser humano y su inducción total a la lógica de acumulación capitalista en la Tierra, a partir de un nuevo paradigma tecnológico. Para los autores mencionados, la era digital, la digitalización de los procesos, ha generado una nueva organización del mundo a partir de un régimen de la información como «forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos» (Han, 2022, p. 9). Tan decisivo es el modo que Sadin (2020) manifiesta que ingresamos en la era antropomórfica de la técnica, en tanto una parte de las ciencias algorítmicas «busca atribuir a los procesadores cualidades humanas, prioritariamente aquellas de poder evaluar situaciones y sacar conclusiones de ellas» (p. 18).

Si en esta era digital la comunicación ocupa un lugar central, ¿cómo se explica el recrudecimiento de las divisiones y polarizaciones sociales, las violencias, los discursos de odio, la desinformación, en definitiva, los desencuentros por encima de los encuentros (sentido etimológico de la comunicación)? Para Dean (2005), la forma de organización político-económica de nuestra contemporaneidad corresponde a un capitalismo comunicativo digital, donde la comunicación es básicamente circulación de mensajes y donde el fetichismo tecnológico de la participación en la esfera digital genera, en realidad, una profunda despolitización y, por ende, cancela las posibilidades de transformación social y encuentro comunitario.

En este contexto, desde la perspectiva de Han (2022), «la democracia está degenerando en la infocracia» (p. 25), y esta infocracia implica «el fin de la acción comunicativa». La centralidad de la comunicación no convoca ya desde la tradición habermasiana como debate discursivo, desde una racionalidad crítica, sino que se manifiesta en una racionalidad digital donde los participantes (followers, influencers) han sido despolitizados y los contenidos son commodities, mercancías, sin capacidad de acción política alguna (Han, 2022, p. 45).

Los abordajes de Han (2022) y Dean (2005), citados como ejemplos actuales que problematizan la comunicación digital desde una perspectiva crítica, representan problemas «no pensados adecuadamente» por la crítica de la economía política de la comunicación en sus propuestas contemporáneas (Sierra Caballero, 2020, p. 316). Según el intelectual marxista Francisco Sierra Caballero, la crítica materialista en la era digital presenta algunas líneas preponderantes sobre otras, entre las que incluye los análisis que observan la vinculación entre los Estados, el mercado, las corporaciones multimedia, los procesos de concentración digital y las políticas públicas. Estas temáticas aparecen como protagonistas en los estudios críticos materialistas, que a la vez ignoran o pormenorizan otras discusiones, como la relación entre democracia, diversidad cultural y capitalismo transnacional; las formas de empoderamiento e identidades en este estadio del capitalismo digital; la proliferación de nuevas formas de participación en el ciberespacio; o la emergencia de derechos y contradicciones en la dinámica de la era digital, por citar algunos ejemplos, investigados con mayor énfasis desde enfoques constructivistas o posmarxistas. Precisamente, en palabras del autor, los estudios de la comunicación y la cultura desde la crítica materialista, actualmente se centran en estos aspectos:

El análisis de la estructura de propiedad de los medios de información y las empresas productoras de tecnología y contenidos culturales. El estudio de los procesos de producción y distribución cultural y de reproducción ideológica. El análisis de las lógicas económico-financieras y su influencia en la conformación y dinámica mercantil de la comunicación. Y el reconocimiento del impacto y estructura del consumo cultural en relación con las formas de desigualdad material y simbólica. (Sierra Caballero, 2020, p. 314)

Pese a lo anterior, el autor destaca que existen dos temas prioritarios que pueden transversalizar la discusión: por un lado, el papel del Estado en este nuevo escenario y, por el otro, la explotación del trabajo creativo, que, a su parecer, implican problemas neurálgicos en el capitalismo cognitivo (Sierra Caballero, 2020, p. 316).

En tal sentido, la discusión sobre el Estado se puede abordar desde sus capacidades de actuación o capacidades estatales (Bertranou, 2015), desde su arquitectura institucional y su relación con los actores externos que lo interpelan o «capturan» (Castellani, 2006; Isaza, 2005), como también desde su accionar concreto en políticas públicas y regulaciones que materializan modos de comprensión de un problema público, la externalización de respuestas estatales y la interacción entre actores, por nombrar algunas dimensiones (Oszlak & O’Donnell, 1995; Shore, 2010; Vilas, 2005, 2010).

En esta última línea se inscribe el presente artículo, que indaga –desde una perspectiva crítica de la economía política– sobre las acciones estatales en la comunicación digital, entendidas estas como políticas públicas y regulaciones. El aporte del trabajo radica en proponer un abordaje que articula diversas propuestas teóricas, a saber: (i) los estudios sociales de la economía centrados en los abordajes sobre los

«modelos de acumulación», que posibilitan analizar el capitalismo en su fase actual; y (ii) los estudios sobre políticas públicas en el campo de la comunicación.

Según Aminahuel y Rodríguez (2023), cuando se discuten las políticas públicas y las regulaciones en la comunicación digital, se presenta un dilema que trasciende el campo disciplinario y se debe problematizar desde la transdisciplina, puesto que incluye la discusión, no acabada, sobre el rol de los Estados frente a los modelos de negocios de los intermediarios comunicacionales, hoy digitales. Este debate implica una discusión aún abierta del siglo XXI, que revitaliza la polémica sobre los alcances de la acción estatal frente a la propiedad de los medios de producción comunicacional, la libertad de expresión y la tensión en torno al derecho a la comunicación y el acceso a la información, por citar ejemplos, que encuentra respuestas muy diferentes según se trate de enfoques liberales o más intervencionistas. Estas tensiones representan ejes centrales en los estudios sobre comunicación digital y regulaciones de big tech2, puesto que actualizan el histórico debate en economía política de la comunicación entre keynesianismo/planificación o liberalismo/libre mercado.

Las políticas públicas, entendidas como la jerarquización de problemas públicos por parte del Estado (Shore, 2010), es decir, la institucionalización de una respuesta frente a un problema que se construye y que implica el ejercicio del poder público, además de la interacción entre diversos actores (Vilas, 2005, 2010), encuentran su dificultad frente a este fenómeno por las controversias que genera el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, así como también por las opacidades en el sector del capitalismo de plataformas. Becerra y Waisbord (2021) plantean que varias políticas se encuentran en sintonía con los intereses de acumulación de las grandes corporaciones, las llamadas big tech de la comunicación digital. En palabras de los autores:

Hay una desconexión clara entre lo que el canon de la libertad de expresión habla regula o inspira y las condiciones contemporáneas de la expresión plataformizada con ediciones mediadas por algoritmos y estándares desparejos definidos por compañías tecnológicas de alcance global. (Becerra & Waisbord, 2021, pp. 301-310)

De acuerdo con lo expuesto, el presente artículo, de carácter teórico, inicia con una discusión sobre la categoría «modelo de acumulación», que integra un marco conceptual proveniente de los estudios sociales de la economía y que posibilita ampliar la reflexión desde los estudios críticos de la economía política de la comunicación para abordar los debates sobre Estado, big tech y políticas públicas. A continuación, el siguiente apartado presenta conceptos y actores relativos al capitalismo cognitivo y al capitalismo de plataformas, a fin de confrontar en el cuarto apartado los enfoques teóricos que caracterizan a los intermediarios de internet con algunos casos emblemáticos de sentencias judiciales y políticas públicas de regulación. La discusión final recupera, a partir del debate latinoamericano, algunos desafíos para la investigación.

 

Modelos de acumulación, políticas públicas y big tech: entrecruzamientos conceptuales

Con la finalidad de analizar las particularidades de las plataformas digitales, sus modos de acción y las repercusiones que generan en el espacio público offline como actores económicos, en un primer nivel, resulta sustancial discutir sus modelos de negocios, que implican lógicas mercantiles en actividades y servicios que, décadas atrás, eran inimaginables.

Los modelos de negocio de las plataformas responden a movimientos del capitalismo mundial que crean nuevos sujetos económicos y relaciones mercantiles en los intersticios que posibilitan las opacidades en las regulaciones estatales y los descubrimientos tecnológicos. En estas transformaciones del capital, conviven formas tradicionales y novedosas de mercantilizar; viejas instituciones, tardías normativas, con nuevos actores, como explica Hobsbawm (2014) con relación a las transformaciones que acontecieron en el paso del feudalismo al capitalismo industrial inglés.

Del mismo modo, el capitalismo industrial latinoamericano de mediados del siglo XX, basado en la producción de bienes y servicios, y sustentado por regímenes de gobierno de doctrina keynesiana (Harvey, 2015), comenzó a ser complementado por la producción transnacional con la aparición de poderosos monopolios mundiales, cadenas globales de valor y la consecuente emergencia del capitalismo financiero, proceso que se profundizó a partir de la década de los setenta en América Latina.

El capitalismo financiero, a su vez, significó –y significa en la actualidad– el protagonismo de ciertos actores que poseen centralidad en los modelos de acumulación «locales» en los países según sean centros o periferias3, la presencia de sujetos económicos institucionalizados como los bancos o traders de las bolsas, o la aparición de aquellos no institucionalizados (al menos en su totalidad) como ciertas billeteras y monedas virtuales. Por lo tanto, el capitalismo se desarrolla en imbricaciones complejas donde conviven formas mercantiles viejas y nuevas, con actores que en poco tiempo se convierten en dominantes; a su vez, como sistema mundial, adquiere rasgos comunes por regiones, pero también posee un desarrollo heterogéneo entre países y al interior de cada uno. Esta disparidad o desarrollo heterogéneo del capital (Harvey, 2014) obedece a los modelos de acumulación vigentes en cada nación.

En ese sentido, cuando se hace referencia al «modelo de acumulación» de Schorr y Wainer (2017), se parte de considerar a la economía política desde una perspectiva micro y macro, con articulación de un análisis mundial y local, desde la estructura y la historia económica, la arquitectura institucional, la inserción de una nación en el sistema-mundo, pero también en el análisis concreto de los sujetos que interactúan en los procesos de acumulación y distribución del capital, por nombrar algunas dimensiones que integran este concepto.

Por ello, es una categoría con un grado de abstracción superior, que contempla un análisis más amplio que solo observar el programa económico de un país o analizar exclusivamente algún campo de la política pública (como, por ejemplo, las regulaciones sobre las big tech). Por el contrario, los abordajes desde este enfoque apuntan a observar varios elementos y anudamientos: la geoeconomía y las disputas regionales de poder; los patrones específicos que adopta la reproducción del capital en cada país y región; la inserción de una nación en el mercado mundial; el rol político que asume un Estado frente a conglomerados digitales; el entramado normativo-institucional doméstico y su vínculo actual e histórico con los capitales extranjeros, lo que implica un abordaje de la historia económica de una nación y enriquece el análisis de los flujos del capital (Schorr, 2021); la fuerza social o alianza de clase que identifica a un gobierno, porque posibilita caracterizar la capacidad transformadora del Estado, las relaciones de clase, fracciones de clase y los actores económicos de peso que pujan por poseer centralidad en el modelo, o que poseen hegemonía en determinados campos de la matriz productiva nacional y condicionan los modos de gestión del Estado, al igual que la conceptualización u orientación de sus políticas públicas. Se trata de pensar una totalidad concreta y determinada para abordar las particularidades de la economía política mundial y, en dicho marco, los posicionamientos de los Estados, ya sea a través de políticas públicas o regulaciones.

En cuanto a las políticas públicas, resulta necesario destacar los aportes de García (1994), Shore (2010), Vilas (2011), Oszlak (1979, 1997), Oszlak y O’Donnell (1995), quienes recuperan la noción del poder en el análisis de las políticas públicas4 proponiendo una perspectiva constructivista que aborda a la política pública en el marco de un proceso social que es resultado de la problematización de hechos sociales (García, 1994). Estas posiciones teóricas no dejan de reconocer el carácter parcialmente técnico de la política pública, ni mucho menos su vínculo con la dimensión operativa del Estado (Vilas, 2011), sino que complementan la definición ampliando el debate para pensarla como una acción política que expresa no solo un fin en sí mismo, sino también conflictos, intereses, afinidades, antagonismos y prioridades que se expresan desde las estructuras de poder.

Por otro lado, la antropología del poder (Shore, 2010) nutre también los enfoques dentro de la economía política de la comunicación y las políticas públicas comunicacionales, ya que posibilita analizar las acciones estatales como jerarquizaciones, categorías y taxonomías que se manifiestan en el accionar estatal –ya sea en su discursividad, comunicación gubernamental–, así como en su accionar concreto sobre diferentes actores, como lo son las big tech. La discursividad estatal se inscribe en las batallas simbólicas y materiales que se gestan al interior y al exterior de la territorialidad del Estado, y es por ello que las acciones resultantes, o las políticas públicas que desde él se generan, implican necesariamente la cristalización de valores o formas de comprensión de un problema público, que se realiza desde las estructuras del poder institucionalizado.

En este marco, los posicionamientos estatales reflejan estas manifestaciones del poder público (políticas públicas, regulaciones) y pueden ser vehiculizados mediante distintos instrumentos institucionales o administrativos, tales como leyes, resoluciones, decretos e, incluso, sentencias judiciales. Pese a que algunos posicionamientos estatales son emanados por el Poder Ejecutivo, como las resoluciones administrativas o los decretos de necesidad y urgencia, por nombrar dos modalidades, otros son potestad del Poder Legislativo, como las leyes, o del Poder Judicial, como las sentencias judiciales. En países republicanos, la relación del Estado con los actores está mediada por la división de poderes, aunque esta posee atribuciones y características diferentes en los distintos países, particularmente en los latinoamericanos, de acuerdo con los textos constitucionales de cada nación. Por esta razón, tomamos la referencia de Aminahuel (2022) para nombrar a los «posicionamientos estatales» como una categoría amplia que abarca leyes, actos administrativos, resoluciones y sentencias judiciales, entre otras modalidades.

Las políticas públicas y regulaciones, por lo tanto, se vehiculizan mediante distintos tipos de decisiones por parte de los Estados, y son comprendidas como posicionamientos que estos asumen frente a un determinado problema público. El caso particular de las sentencias judiciales –la actuación del Poder Judicial– es un ejemplo de ello, porque implica una fuente del derecho que sienta precedentes y/o doctrina para leyes y regulaciones en algunos países como la Argentina, además de que se toman en cuenta para el diseño de los proyectos de ley en la materia5. En América Latina, la problemática de las big tech está atravesada por los posicionamientos de los Tribunales Supremos, que funcionan a modo de corsé de los demás poderes del Estado para regular en la materia6.

De acuerdo con el enfoque teórico propuesto, los posicionamientos estatales relacionados con el campo de la economía digital y, particularmente, la comunicación de plataformas no pueden analizarse sin tener en cuenta las características de los modelos de acumulación predominantes en América Latina y las orientaciones ideológicas de los bloques de poder que dirigen los Estados, así como la fracciones de clase y la alianza gobernante, ni tampoco obviando las disputas económicas, sociales y culturales entre corporaciones, monopolios y sectores concentrados de la economía que presionan o dialogan con los gobiernos para orientar sus acciones.

En esta discusión, un primer acercamiento implica distinguir la dinámica actual del capitalismo desde el enfoque propuesto y caracterizar a los actores que integran el espacio de la economía digital vinculada a las comunicaciones en América Latina. El abordaje se realiza en el siguiente apartado, en donde se presta fundamental atención a las características de esta forma de capitalismo y se realiza una distinción de conceptos para construir un mapa del sistema económico y político del presente.

 

Entre el capitalismo cognitivo y el capitalismo de plataformas

La información es a la sociedad red del siglo XXI lo que otrora significaba el desarrollo del petróleo o las finanzas, es decir, la base para la construcción de poder o, en palabras de Marx (2020, p. 55), la mercancía que consolida a las sociedades capitalistas de este siglo (Aminahuel & Rodríguez, 2023, p. 16). En su célebre obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, el teórico de la revolución Vladímir Ilich Uliánov (Lenin, 2014) distingue esta fase del sistema-mundo por su hiperconcentración deslocalizada geográficamente, por el rol de la oligarquía financiera y por la clara asociación entre capitalistas internacionales que se reparten el mundo. La remisión a Lenin permite analizar la coyuntura geopolítica del presente no solo a partir del rol de los Estados, sino, principalmente, de las corporaciones transnacionales que en la actualidad disputan proyectos estratégicos de acumulación. En este sentido, un interrogante que surge al respecto es: ¿quiénes son esos capitalistas internacionales que protagonizan proyectos estratégicos de acumulación en el marco de lo que algunos autores denominan capitalismo de plataformas? Srnicek (2021) distingue esta forma de capitalismo a partir de un abordaje en el que propone pensar el análisis de los datos en grandes volúmenes como una «unidad de producción» y, a la vez, de mercancía.

La transformación en la producción del capital, hoy dataísta, genera como consecuencia reconfiguraciones en el mundo del trabajo; en esa línea, Srnicek (2021) da cuenta de un desplazamiento del concepto de clase trabajadora industrial –en el sentido del capitalismo productivo– por los trabajadores del conocimiento o cognitariado (p. 40). Simultáneamente a este proceso, el autor sostiene que la desindustrialización generalizada en la economía mundial responde a las particularidades del capitalismo de plataformas: el producto del trabajo, en palabras de Srnicek, se ha vuelto crecientemente inmaterial y dicha inmaterialidad incluye, mayoritariamente, «contenido cultural, conocimientos, afectos y servicios» (p. 41). Coloca como ejemplo la producción de commodities agrícolas, que en la actualidad depende de una gran cantidad de información –como datos sistematizados– y de conocimientos –como información interpretada– para ser generada.

El planteamiento de Srnicek (2021) apunta sustancialmente a reconocer la estrecha vinculación entre los procesos productivos y la economía digital en el siglo XXI. Esta última está sustentada, principalmente, por enormes bases de datos que comprenden información bancaria, consumos de usuarios, pasando por geolocalizaciones, o información sobre determinados procesos productivos que, a través de mecanismos de sistematización y predicción estadística basados en inteligencia artificial, posibilitan la toma de decisiones en determinados campos económicos. Asimismo, la información también se encuentra entrelazada con la modalidad del capitalismo financiero, hoy provisto de un sinnúmero de desarrollos tecnológicos que le ha posibilitado ampliarse mucho más allá de los bancos e instituciones financieras tradicionales.

En una línea similar, años antes, Fumagalli (2010) proponía referirse a esta etapa como «capitalismo cognitivo», al igual que el catedrático español Francisco Sierra Caballero. A pesar de la distancia de la primera edición de su libro hasta la actualidad, Fumagalli describe con destacada capacidad proyectiva las características de un capitalismo cognitivo en creces y las particularidades que posee con respecto al capitalismo productivo e, incluso, algunas especificidades que lo diferencian del capitalismo financiero, este último más cercano a fines del siglo XX e inicios del XXI.

El intelectual italiano sostiene que este modo de acumulación se caracteriza por la importancia del «conocimiento» como producto fundamental para la generación de otras mercancías. Reconoce, retomando a Piero Sraffa, un «capitalismo de mercancías basado en mercancías» (Fumagalli, 2010, p. 87), en donde los productos requieren de una enorme cantidad de conocimientos para su realización. Allí, entre los cambios fundamentales que impactan en este modo de producción, se destaca como causal principal la reducción relevante de los costes de codificación, transmisión y adquisición del conocimiento, gracias al nacimiento y expansión de las tecnologías lingüísticas y comunicativas (redes sociales, big data e inteligencia artificial, entre otros avances que menciona).

Finalmente, Fumagalli (2010) discute las nociones de «economía del conocimiento»7, impuestas mayoritariamente desde las ciencias empresariales y organismos multilaterales, y contrapone su categoría «capitalismo cognitivo» como un modo de interpretar el presente, otorgando claves conceptuales para el abordaje de los desarrollos actuales del capitalismo:

El término «capitalismo» designa la permanencia, si bien en sus metamorfosis, de las variables fundamentales del sistema capitalista: en particular, la función guía del beneficio y de la relación salarial, o de forma más precisa, las diferentes formas de trabajo dependiente y/o heterodirigido respecto de las que se extrae el excedente. El atributo

«cognitivo» subraya, sin embargo, la nueva naturaleza del trabajo, de las fuentes de valorización y de la estructura de propiedad sobre las cuales se funda el proceso de acumulación y las contradicciones que en esta se generan. (p. 91-92)

 

De forma sintética, Fumagalli (2010) distingue sistemas económicos en donde ubica, como un estadio superior, al capitalismo cognitivo (ver Tabla 1).

 

Tabla 1

Evolución de los sistemas económicos

1

Nota. Recuperado de Bioeconomía y capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo paradigma de acumulación (p. 88), por A. Fumagalli, 2010, Traficante de Sueños.

 

En la obra, se acentúa el análisis en la necesidad de reconocer la dimensión histórica y productiva del conocimiento, en cuanto fenómeno multidimensional o poliédrico, en palabras del autor (Fumagalli, 2010, p. 89); sin embargo, no distingue entre el capitalismo financiero y el cognitivo, que, en este trabajo, se comprenden como dos modos diferenciados, aunque muy entrelazados en la coyuntura actual.

En un entrecruzamiento conceptual, el conocimiento en Fumagalli (2010), o la producción de datos, construcción y apropiación de información en Srnicek (2021), aparecen como una mercancía que genera renta extraordinaria en el siglo XXI y, además, cuyos excedentes se encuentran monopolizados por grandes conglomerados, en palabras de Srnicek, por plataformas (p. 44). Otros autores hablan de big tech o, utilizando términos de los organismos multilaterales, intermediarios de internet.

Esta discusión sobre las categorías para nombrar el amplio espectro de actores que convergen en el mundo digital (conglomerados digitales, big tech o intermediarios de internet, por citar formas muy utilizadas) es fundamental para los estudios de la comunicación y las políticas públicas, en razón de la polisemia de los conceptos que abarcan un universo heterogéneo de actores con distribución desigual de poder económico. En el siguiente apartado, se presentan los debates.

 

Intermediarios de internet o big tech, una discusión abierta

Algunos autores sostienen que «economía digital» implica un abanico de actores que va más allá de las big tech comunicacionales y que también incluye a las fintech, estas últimas caracterizadas por poseer una mayor tradición, mientras que las big tech desembarcaron con más rapidez en los últimos años:

No deben de confundirse las fintech con las grandes plataformas digitales o big techs. Las big techs son colosales compañías nativas digitales que llegan al sector financiero desde otras áreas, como el comercio electrónico –es el caso de Amazon–, las redes sociales –como Facebook–, los buscadores de internet y la publicidad –como Google– o la innovación tecnológica y el hardware –como Apple–. Se diferencian de las fintechs en el amplísimo reconocimiento de la marca por el público, el gran número de participantes en la red de clientes y sus destacadas fortalezas financieras y tecnológicas. (González, 2022, p. 250)

Lo que presentan los autores hasta aquí debatidos (Srnicek, Sierra y Fumagalli) es una teoría general que analiza la economía digital y/o de plataformas desde una perspectiva crítica que analiza principalmente las big tech, por lo que estos enfoques permiten distinguir entre dos grandes tipologías de actores, aun con las dificultades que devienen del proceso de hiperfragmentación de la propiedad de los medios de producción8.

En términos generales, desde las perspectivas críticas, los sujetos que intervienen en las relaciones de producción se pueden dividir en un gran grupo a aquellos que poseen la propiedad del modo de producción digital, lo que implica la apropiación del excedente informacional (big data) o de los contenidos que producen otros y lo utilizan como mercancía (por ejemplo, Facebook, Twitter, etc.); aquí los autores de referencia ubican a las big tech. Sin embargo, estos actores son llamados por organismos multilaterales, de forma genérica, como intermediarios de internet, que pueden ser o no monopolios digitales. Por otro lado, están los actores que interactúan y participan de los entornos sociodigitales como usuarios o internautas, y por ello producen información, pero no se apropian del excedente informacional como mercancía, aunque lo reproducen; aquí se podría ubicar el concepto ya clásico de prosumidores:

La palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: producer (productor) y consumer (consumidor). El concepto prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972) afirmaron que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. En 1980 el destacado futurólogo Alvin Toffler introdujo formalmente el término prosumidor en el libro La tercera ola. (Islas-Carmona, 2008, p. 35)

No obstante, resulta necesario realizar una revisión crítica de los conceptos. A partir del crecimiento de internet por la ampliación de infraestructura tecnológica en el mundo, se multiplicaron los intermediarios de internet y fueron cada vez más opacas y contradictorias las intermediaciones entre actores, tanto para las regulaciones estatales como para el campo de la investigación.

En el mundo digital, las actividades económicas de los actores que convergen en el capitalismo de plataformas o capitalismo cognitivo van mucho más allá de la construcción de infraestructuras físicas de comunicación y del servicio de acceso a internet; abarcan también a los proveedores de servicios de hosting, procesamiento de datos, compañías de servicios en inteligencia artificial y entrega de información, como proveedores de servicios de pagos online, navegadores, motores de búsqueda, mensajería de correo, comunicación instantánea (WhatsApp, Telegram), plataformas de e-commerce, plataformas colaborativas (redes sociales) y de servicios de entretenimiento (YouTube, Netflix, etc.), por nombrar algunos ejemplos.

Los «intermediarios de internet» es una definición aceptada en el campo jurídico, pero resulta demasiado amplia, puesto que diluye la clásica distinción entre proveedores de servicios de internet y proveedores de contenidos, que estaba destinada a aislar y mantener neutrales a los proveedores de internet como meros conductores de contenidos. Frente a ellos, los proveedores «intermediaban» los contenidos creados por diferentes usuarios, contenido que conocían y respecto del que no eran neutrales para las legislaciones. Estas fueron las primeras concepciones que rodearon los debates legales sobre internet a finales del siglo XX y principios del XXI:

[...] al principio del siglo XXI los Estados y otros agentes reguladores llegaron a pensar que las actividades en internet pueden y necesitan ser reguladas o administradas de diversas maneras. Los responsables políticos cambiaron el enfoque de los años noventa en la medida que internet fue expandiendo su accesibilidad y el valor de sus contenidos con la banda ancha, así como también los actores económicos de internet se redujeron desde una miríada de emprendedores virtuales hacia unas pocas corporaciones privadas (ISP, motores de búsqueda, proveedores de e-commerce). El enfoque de los noventa dio paso a una arquitectura de control donde los intermediarios que actuaban en la red se transformaron, debido a su capacidad [sic] de regulación por diseño o código. (Millaleo, 2015, p. 40)

Para los autores que utilizan el concepto, los intermediarios de internet son la puerta que permite utilizar otros servicios para realizar actividades en internet. Cada actividad, que sintetiza la venta de un servicio, está necesariamente relacionada también con la apropiación de datos sistematizados que describen, en grandes volúmenes luego, las prácticas de consumo y hábitos de los usuarios de estas plataformas. Estos servicios son esenciales en nuestra cotidianidad y nos lo proporcionan distintos actores que entran en el espectro de los intermediarios y que son muy variados, como se expresa en la cita anterior. De acuerdo con Hernández (2021), algunos servicios que incluyen estos actores se pueden clasificar de la siguiente manera:

(A)  Pueden ser para actividades recreativas y de ocio (Facebook, Twitter, Instagram), servicios audiovisuales como ver una película, o simplemente escuchar música mediante algún servicio de streaming (Netflix, Spotify).

(B)  Para el trabajo, actividades como enviar correos electrónicos (Gmail, Hotmail); buscar información en algún motor de búsqueda comercial (Google, Yahoo) o en bancos de información especializados (Elsevier, JSTOR); redactar un documento colaborativo en línea (Google Docs, Dropbox), o tener una videoconferencia (Zoom, Skype). (C) Movilidad, pedir un auto (Uber, Cabify). (D) Pagar a terceros (PayPal, Amazon Pay), entre muchos otros. (p. 260)

 

Finalmente, Califano (2017) propone que los intermediarios de internet:

 

Pueden ser definidos como todas aquellas entidades que facilitan las transacciones entre terceros en internet. En este sentido, brindan acceso, hosteo, transmiten e indexan contenidos, productos y servicios originados por terceros. Estos intermediarios pueden encontrarse en la capa física de internet (es el caso de los proveedores de servicios de conectividad), o en la capa de aplicaciones (tales como las plataformas que alojan contenidos, las que brindan servicios de almacenamiento, los buscadores o indexadores, las redes sociales, los intermediarios de venta de productos, etc.). (p. 47)

Pese a lo expuesto, la categoría «intermediarios de internet» posee algunas dificultades de orden práctico y teórico-epistemológico. Si bien se reconoce que el concepto big tech también adolece de una amplitud difusa, al igual que el de intermediarios de internet, no obstante, se destaca que se circunscribe en una perspectiva económica que distingue a los grandes actores y/o conglomerados digitales, ofreciendo una apertura al debate crítico. Sin embargo, todavía es un concepto de carácter teórico que se debe consolidar con estudios empíricos que delimiten con mayor precisión el alcance.

En cuanto a las dificultades de la categoría «intermediarios de internet», en primer lugar, es un concepto que, a diferencia del de big tech, no distingue entre actores con poder económico desigual. La desigualdad de poder, basada en una materialidad concreta, implica que cuando se hace referencia a los «intermediarios de internet» puede significar el dueño de un blog o una plataforma alternativa autogestionada o estatal de contenidos audiovisuales, como también los accionistas de Netflix y de Facebook. En segundo lugar, esta desigualdad negada en el origen teórico genera, también, una dificultad de orden práctico: las legislaciones de los Estados, los códigos comerciales y civiles, y principalmente las sentencias judiciales, encuentran controversias para aplicar penas y regular comportamientos ilegales o desproporcionados de los actores por las controversias que surgen del vacío conceptual y normativo. Califano (2017) presenta un ejemplo de ello en su análisis sobre el caso «Maiorana c/ Yahoo y otros s/ daños y perjuicios». La investigadora describe la demanda que realiza Analía Maiorana contra Yahoo! y Google:

 

Por facilitar el acceso a sitios de contenido sexual y pornográfico en los que se encontraba su imagen. En su demanda, solicitaba la reparación del daño moral que las empresas habrían causado, afectando su honor e intimidad; el cese definitivo del uso no autorizado de su nombre e imagen; el resarcimiento económico correspondiente. (Califano, 2017, p. 48)

La demanda implicó una controversia para el derecho argentino por la respuesta que realizaron las dos grandes compañías, cuyos argumentos se basaron en el hecho de que no son «productores de contenidos», sino meros productores de servicios no responsables de lo que circula en sus interfaces, y cuyas actuaciones se enmarcan dentro del ejercicio de la libertad de expresión en el país. Pese a ello, la sentencia judicial falló a favor de la exmodelo, declarando a Google y Yahoo! intermediarios responsables indirectos. La discusión, no novedosa en el ámbito judicial argentino9, sin embargo, actualiza el debate sobre la responsabilidad de los «intermediarios de internet», a la vez que desnuda las dificultades de orden teórico y práctico sobre este tópico central no solo para Argentina, sino para América Latina, y con relación a su sistema de derechos y la actuación de los Estados.

En ese sentido, en América Latina, algunos autores (Becerra, 2021; Bizberge, 2017; Califano, 2017; Del Campo & Schatzky, 2021; Espada & Marino, 2021) caracterizan las iniciativas estatales que intervienen o regulan las plataformas: Nicaragua posee una Ley de Delitos Digitales, Chile discutió durante 2020 al menos tres proyectos contra la desinformación al igual que Colombia, por citar algunos casos. Otras iniciativas estatales, por fuera de las regulaciones, se han orientado a la capacidad de generar políticas de prevención o políticas positivas contra la desinformación, tales como aquellas estrategias tendientes a la alfabetización digital o al ejercicio de la ciudadanía responsable en internet.

En el último tiempo, los tres países más grandes de América Latina, Argentina, Brasil y México, promovieron una serie de iniciativas estatales orientadas a esta temática. Al respecto, Brasil posee regulaciones desde el año 2017, que competen al campo de las plataformas en materia electoral, así como en la actualidad se encuentra en debate el Proyecto de Ley sobre Regulación de Plataformas (PL 2630/2020). La Corte Suprema de Justicia de México también posee fallos sobre este aspecto, en donde se ha pronunciado sobre las noticias falsas. A su vez, Argentina, a través del Consejo Económico y Social, en los años 2020 y 2021 comenzó a trabajar en un Código de Buenas Prácticas de Internet para intentar erradicar las noticias falsas; mediante la agencia pública de noticias Télam generó una plataforma para combatir la infodemia (Rodríguez & Aminahuel, 2022) y la Corte Suprema de Justicia ya ha generado jurisprudencia al respecto (Ferrari & Schnidrig, 2015).

La Tabla 2 presenta una síntesis de los «posicionamientos estatales» en América Latina, específicamente las iniciativas y normativas más novedosas que regulan o intentan limitar el accionar de los actores en el escenario digital.

 


Tabla 2

Iniciativas para la regulación de plataformas digitales en América Latina

2


Nota. Elaboración propia en base a páginas de Tribunales Supremos y webs oficiales gubernamentales.

 

 

Las iniciativas sistematizadas, lejos de representar un panorama acabado sobre las regulaciones y/o políticas, programas, proyectos más actuales en la temática, en realidad tienen como objetivo presentar los proyectos más innovadores que se consideran relevantes para el debate, en función de que intentan regular, actuar sobre las big tech comunicacionales, y otorgarles un marco legislativo para prevenir los principales problemas a los que se encuentran asociadas en la actualidad: circulación de discursos de odio, desinformación, políticas de protección y privacidad de datos, entre otros.

 

Desafíos para la investigación en América Latina

Los debates para la investigación de las políticas públicas y regulaciones de las plataformas digitales, big tech y/o intermediarios de internet en América Latina están atravesados por desafíos conceptuales y empíricos. En primer lugar, entre los desafíos teóricos y los enfoques propuestos al inicio, la discusión del capitalismo de plataformas en la región debe ser complementada con un enfoque situado en las dinámicas políticas, jurídicas, sociales y económicas latinoamericanas, que sea capaz de analizar los desarrollos de esta nueva forma del capitalismo a nivel mundial y a la vez evaluar las fluctuaciones del capital en la región y los desafíos particulares en relación con los sistemas políticos, de derechos y legislaciones locales. Para ello, se considera que el abordaje debe realizarse desde una perspectiva comparada que contemple una teoría general para construir dimensiones que abonen al análisis económico comunicacional latinoamericano. En este trabajo se propone la categoría de «modelo de acumulación» porque representa un destacado conjunto de herramientas analítico para aportar en la discusión teórica, a la vez que posibilita discutir los «posicionamientos estatales» desde un abordaje crítico y holístico.

En segundo lugar, respecto a los desafíos empíricos que incluyen a los posicionamientos estatales, es decir, las políticas públicas y regulaciones más actuales enumeradas al cierre de este artículo, tuvieron como punto en común haber sido iniciativas controvertidas a la hora de su discusión y/o implementación en el campo político, porque significó reactualizar los interrogantes: ¿más liberalismo o más intervencionismo para la comunicación digital? ¿Qué regulaciones se necesitan para los intermediarios de internet/big tech/plataformas digitales? Lo debatido hasta aquí confirma que resultan preguntas complejas de responder si no se posee un diagnóstico adecuado, que se consolide desde una metodología comparada en la región y observe los siguientes elementos que pueden considerarse relevantes para las investigaciones actuales sobre la temática: (i) un mapa claro de los actores partícipes de cada eslabón de la economía digital en el marco del capitalismo de plataformas en América Latina, (ii) una descripción precisa de los modelos de negocios y servicios que ofrecen por sectores y países, (iii) una sistematización de las problemáticas y controversias que emergen por la falta de legislaciones, y (iv) un análisis de cada una de las políticas y regulaciones implementadas por los Estados en la región. Estos cuatro ejes representan desafíos para el análisis comparado en América Latina de las políticas de comunicación digital con relación a las big tech.

Finalmente, cabe destacar que los casos presentados en la región muestran la preeminencia de dos orientaciones claramente diferenciadas en los posicionamientos estatales. Por un lado, desde las iniciativas de los poderes ejecutivos, se observan acciones mayormente positivas, tales como la alfabetización mediática, informacional y digital, y la promoción de un buen uso de internet, a fin de prevenir procesos nocivos para la democracia como la desinformación. Por otro lado, desde los poderes legislativos y judiciales principalmente, se observan iniciativas con un fuerte sesgo regulatorio y punitivo en las sentencias judiciales, por ejemplo, hacia las plataformas, otorgándoles a los Estados un rol preponderante en la discusión del capitalismo y de los límites de las big tech, sus responsabilidades (directas o indirectas) respecto a los conflictos presentes en las dinámicas actuales de la comunicación digital, tales como los discursos de odio, fake news, etc.

 

Conflicto de intereses

No existe conflicto de intereses por parte de las autoras.

 

Responsabilidad ética

El artículo cumple con todos los principios éticos pertinentes. En este artículo no se presentan resultados de investigaciones en los que se incluyen a seres humanos.

 

Contribución de autoría

AA: conceptualización, investigación, metodología, recursos, escritura-texto original. MR: investigación, visualización, escritura, revisión y edición.

Financiamiento

La investigación se desarrolla en el marco de un programa y de dos proyectos de investigación financiados por la Universidad Nacional de Villa María.

 

Declaración sobre el uso de LLM (Large Language Model)

Este artículo no ha utilizado para su redacción textos provenientes de LLM (ChatGPT u otros).

1        Este artículo se basa en investigaciones desarrolladas desde 2014 en la Universidad Nacional de Villa María, Argentina, que abordan la construcción de realidad, la participación ciudadana, la comunicación política y las políticas públicas de comunicación en entornos sociodigitales. Para acceder a información sobre los programas y proyectos que dirigen las autoras, véase: https://investigacion.unvm.edu.ar/ proyectos/proyectos-internos

2        Cuando se mencionan las big tech, se hace referencia a grandes plataformas y/o corporaciones tecnológicas, en este caso, asociadas a la comunicación sociodigital. En el apartado siguiente se amplía la definición con los aportes de Srnicek (2021).

3        Wallerstein (2005), retomando los postulados tradicionales de Prebisch (1973), reconoce una relación heterogénea en el sistema-mundo a partir de distinguir las desigualdades en los términos de intercambio entre países centrales y periféricos, y a su vez, de reconocer las características y el lugar que posee cada país en el desarrollo del capitalismo global.

4     Algunos desde enfoques más constructivistas, otros desde perspectivas marxistas o críticas.

5     Al respecto, véase el debate sobre la discusión del proyecto de ley para plataformas digitales en Brasil, PL 2630.

6     Becerra (2021) analiza dos casos: Google y Facebook, frente a regulaciones mediante sentencias.

7     Que también reconocen la importancia del desarrollo de bases de datos y construcción de información, pero principalmente orientada a la gestión empresarial.

8     Esto tiene como correlato, en palabras de Fumagalli (2010), la ampliación del número de sujetos que participan de esta fase del capitalismo.

9     Véase el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el caso «Rodríguez c/ Google» de 2014.

 

Referencias

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Aimé Aminahuel

Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Universidad Nacional de Villa María, Argentina

Doctora en Administración y Políticas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Maestranda en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de Villa María. Licenciada en Ciencia Política, Universidad Nacional de Río Cuarto. Docente investigadora en Universidad Blas Pascal y Universidad Nacional de Río Cuarto. Becaria Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina.

Autor corresponsal: aime.aminahuel@unvm.edu.ar

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5504-5175

 

Malvina Rodriguez

Universidad Nacional de Villa María, Argentina.

Doctora en Ciencias Sociales y Económicas, Universidad Erlangen-Nürnberg, Alemania. Licenciada en Comunicación Social y Magíster en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Docente de grado y posgrado, investigadora, Directora Alterna del Doctorado en Ciencias Sociales y directora de la Cátedra UNESCO COMUNIC.AR, Universidad Nacional de Villa María, Argentina.

merodriguez@unvm.edu.ar

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4165-4847

 

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